La crisis presidencial tuvo dos caras en el manejo de la comunicación

La sublevación policial y militar del pasado 30 de septiembre evidenció un peligroso contraste entre la eficiencia de la difusión externa del Gobierno, versus la calidad de la comunicación interna dentro del mismo Estado.

El último jueves de septiembre, el país fue testigo de cómo la potente estrategia de propaganda del Gobierno tuvo que salir presurosa a solucionar una crisis, que se origina en la ruptura de los lazos internos entre las instituciones públicas.

Es decir, una arrolladora estrategia de comunicación oficial, llevada a su máximo nivel con una cadena nacional de radio y televisión ininterrumpida, resultó la fórmula idea para llenar los vacíos de institucionalidad en un país fraccionado por dentro en lo estatal.

La sublevación parece tener su causa en tres fallas clave dentro del manejo de los canales de comunicación específicos que debían existir entre el Poder Ejecutivo y las cúpulas de la Policía y Fuerzas Armadas hacia las tropas policiales y militares.

La despreocupación de las autoridades por fortalecer los vínculos de información con sus entidades de seguridad, en un escenario de interminables cambios institucionales para policías y militares, quizá es un primer error que hoy pasa factura.

La Revolución Ciudadana, desde su llegada a la Presidencia de la República, ha impulsado tantos cambios simultáneos en las instituciones armadas como ha podido, siempre buscando un equilibrio en dos ejes: una mayor entrega de recursos y una imagen pública fuerte de sujeción del poder militar al civil.

Pero más allá de la transferencia de más dinero y mayores salarios, el Gobierno de Rafael Correa en los últimos 36 meses ha ejecutado un reformismo atropellado en temas sensibles para esas entidades e seguridad.

 Los militares, por ejemplo, han visto en apenas 34 meses depuraciones inusuales en las cúpulas de la marina y ejército, cambios en la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, la eliminación de la Honorable Junta de Defensa Nacional, modificaciones en el sistema de compras de armamento y reforma del Instituto de Altos Estudios Nacionales.

A eso se suma la orden de desprenderse y desinvertir en el holding de empresas militares, propuestas de límites a las jubilaciones, revisión de pensiones para el personal en servicio pasivo y, por último, rumores de un desvió de USD $ 150 millones en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.

En el caso de la Policía están la expedición de 5 Decretos Ejecutivos de Emergencia desde el 2007 y la creación de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, dentro del Ministerio del Interior, que asumió desde el ámbito civil todo el control del millonario presupuesto que asignó el Gobierno a la lucha anti delincuencial y a la que se le encargó modernizar y depurar las filas policiales.

La institución también tuvo que asimilar todo el afán gubernamental de remover viejos “trapos sucios” del accionar policial en el pasado, como la elaboración del Informe de la Verdad y la reapertura de casos polémicos como el llamado Fybeca.

Como si esto fuera poco, vinieron las quejas por la calidad de vida los policías regulares, la expedición de la Ley de Servicio Público y la intención del  Municipio de Quito de asumir la competencia del tránsito en una ciudad de casi 3 millones de habitantes.

Esta combinación de hechos venía fracturando la comunicación interna de las Fuerzas Armadas y de la Policía, situación agudizada por el creciente distanciamiento entre la tropa y los oficiales y el nombramiento de ministros y sub secretarios que históricamente han criticado duramente a las fuerzas de seguridad del Estado.

El segundo error, al parecer, es que los ministros de Estado no lograron transmitir de forma efectiva hacia la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional el sentir de la mayoría de uniformados, justo en un escenario de escasez de información oficial y de inquietud institucional.

Es decir, hubo una doble falla comunicacional; falló el flujo de información desde el Gobierno a las entidades jerarquizadas y la retroalimentación desde ellas hacia el poder democrático y civil.

Todo este reacomodo en las fuerzas de seguridad, ya generó desde finales del 2007, es decir a los pocos meses de la primera posesión de Rafael Correa, varias señales de alerta, especialmente, luego de la entrega de Petroecuador a la marina.

Estas se inician en enero del 2008 cuando en la Base San Eduardo de la Infantería de Marina en Guayaquil ocurre una especie de insubordinación, por la sorpresiva presentación de la disponibilidad de cuatro contralmirantes. El Gobierno, desde esa ocasión, decidió que la mejor táctica de comunicación externa era decir que no pasa nada y así se mantuvo hasta hace pocos días.

Para noviembre y diciembre del 2008, los ex ministros de Gobierno y de Defensa, Fernando Bustamante y Javier Ponce, reconocieron, casi al mismo tiempo, roces entre el poder civil y el armado por el cuestionado trabajo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y las Reformas a la Ley de Personal y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, respectivamente.

En esa ocasión, el mismo Ministro del Interior de esa ápoca, Fernando Bustamante, tuvo que dirimir en persona una disputa insostenible entre el comandante de la Policía de ese entonces y los jóvenes del movimiento Ruptura de los 25, quienes estaban al mando del millonario Plan de Seguridad Ciudadana.

La situación continuó en los siguientes meses con marchas de reclamo de los militares en servicio pasivo, correos electrónicos supuestamente desestabilizadores y rumores de motines en los cuarteles.

No resulta difícil colegir que esos vacíos comunicacionales pueden ser fácilmente el objetivo de grupos de oposición, que busquen aprovechar de la coyuntura para empeorar la situación.

El tercer y final error tiene que ver con la efectividad de la inteligencia policial y militar, que es una pieza esencial de información para prever crisis democráticas.
El pasado 6 de octubre, el Presidente Rafael Correa tuvo que admitir ante la prensa extranjera que los servicios de inteligencia en el país están en “soletas” y que él acudió al Regimiento Quito con información equivocada de lo que su sucedía.

Ante las fallas constantes en la comunicación interna del régimen era evidente que algún momento la situación llegaría a un punto de quiebre, desatado el pasado 30 de septiembre. El Gobierno no tuvo la capacidad de interpretar las alertas que nacieron durante los últimos meses del 2007 e inicios del 2008.

Es por ello, que no hubo más remedio que echar mano de la maquinaria de comunicación externa gubernamental y cerrar todos los canales de difusión independiente con un cuestionado Decreto de Emergencia, a fin de sostener una institucionalidad, que aún parece ser un espejismo.

Es decir, aquel jueves, los mentores de la Revolución Ciudadana revelaron que son fuertes en la imagen externa, pero débiles en la gestión de comunicación interna.

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Acerca de Rodrigo Jordan Tobar

Consultor en Comunicación Externa. Instructor de Media Training, Investigador de Medios de Comunicación y catedrático de postgrado
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