Un giro de 180 grados en el sector de medios de comunicación de Ecuador

Desde la llegada de Rafael Correa al poder el 15 de enero del 2007, el sector de medios de comunicación ha experimentado un profundo cambio en sus estructuras, fenómeno nunca antes visto desde el aparecimiento del primer medio de periodístico en 1792: el periódico “Primicias de la Cultura de Quito”.

Desde sus inicios en Ecuador, el sector de medios de comunicación se desarrolló por iniciativa del sector privado, por lo que las primeras radios y canales de televisión del país pertenecieron a personas e instituciones independientes al Estado. Entre ellas, Radio El Prado de Riobamba y Televozandes en Quito.

Lo ocurrido históricamente en Ecuador contrasta con lo que pasó en la mayoría de países de América Latina y Europa, donde las empresas periodísticas se estrenaron con el auspicio del Estado, siendo una tradición que los canales y radios públicos fueran los pioneros en el sector.

Sin embargo, la tradición de una prensa privada en el país cambió en un tiempo récord de 48 meses, en base a una estrategia gubernamental que combina 4 factores esenciales.

a) Una fuerte inversión del Estado para crear su propia estructura mediática multimedia.

b) La aprobación de una nueva regulación para el sector.

c) Un importante incremento en el gasto publicitario oficial.  

d) La promoción de una auditoria social a las prácticas de los periodistas y medios, especialmente en los no estatales.

El poner en acción esta triple estrategia tuvo como resultado una nueva capacidad del Estado para influir en la opinión pública nacional, sustentada también en el intensivo uso de las cadenas nacionales y responder públicamente con fuerza toda crítica al régimen.

Una estructura mediática propia

El Gobierno Central, hasta finales de los años 90, gestionaba principalmente 3 estaciones de radio en AM: Radio Nacional del Ecuador, Radio Casa de la Cultura y Radio Vigía de la Policía Nacional, las que tenían poca capacidad de influencia en la opinión pública.

Esta situación cambió ligeramente a partir del año 2000 cuando el Estado se hizo cargo de 2 importantes medios de comunicación, que antes pertenecían a banqueros quebrados y cuya propiedad fue cedida como parte de pago a los clientes.

Sin embargo, debido al tradicional desinterés del Gobierno en lo mediático, estas 2 empresas fueron entregadas a administraciones independientes (como es  el caso de Diario El Telégrafo) o vendidas a empresas privadas (como la estación televisiva Sí TV, hoy Canal 1).

Con el inicio del Gobierno de Rafael Correa esta realidad cambió y comenzó una creciente presencia del Estado en el sector de medios de comunicación a  través de 3 acciones concretas:

a) El fortalecimiento institucional de los medios de comunicación estatales ya existentes.

b) La creación de nuevas entidades informativas en televisión nacional abierta, prensa y nuevos medios de Internet.

c) La incautación de 12 medios de comunicación vinculados al Grupo Isaías, ex dueño del cerrado Filanbanco, a través de una acción coactiva respaldada en la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos.

Fue así que el Gobierno Central emprendió importantes acciones como:

1. El fortalecimiento y rediseño de Diario El Telégrafo.

2.  La creación de Ecuador TV, como el primer canal de televisión pública en televisión abierta nacional.

 3. La repotenciación de la antigua Radio Nacional del Ecuador (hoy, RPE), a través de su operación en FM a escala nacional.

4. La expansión en la cobertura de Radio Casa de la Cultura en AM.

5. La creación de diario oficial El Ciudadano.

6. El lanzamiento del periódico popular PP.

7. La fundación de la agencia internacional de noticias ANDES.

A todas estas acciones se suma una presencia intensiva de la línea editorial del régimen en medios de Internet como Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, etc.

Como resultado, el Gobierno Central hoy es la mayor estructura mediática multimedia del Ecuador con un total de 19 medios en radio, prensa, revistas,  televisión e Internet.

Ello implica también dominar casi la mitad de la audiencia nacional en noticias de televisión abierta con TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV.

Además, el Estado gestiona con otros accionistas privados, el Grupo TV Cable, la mayor operadora de televisión de pago del país (que tiene dos canales propios y uno de música en señal UHF abierta); Suratel y Satnet, uno de los 4 proveedores más importantes de transmisión de datos e Internet y la telefónica fija, Setel.

 

Lista de medios gestionados por el Gobierno Central o con participación: 

Diario El Telégrafo Radio Casa de la Cultura Ecuador TV Radio Pública del Ecuador
Periódico El Ciudadano Diario PP Agencia internacional de noticias ANDES TC Televisión
Gama TV TV Cable* CN Plus* Cable Deportes 7*
HTV Radio Carrusel Radio Súper K 800 Revista Agro
Revista Juvenil La Onda Revista Valles Revista Samborondón  

 

* Medios que tienen también participación privada

Regulación en el sector

Otro factor para el cambio en el sector de medios es el aspecto legal. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución se incorporó una nueva visión estatal para este sector y, además, se colocó la base jurídica para una mayor regulación de los medios  a futuro y una “democratización” en la propiedad de los mismos.

El Artículo 19 revela la nueva visión del Gobierno sobre el sector. Esta norma señala: “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”.

Entre los artículos que más impulsan cambios en el sector están el 312, que señala que “las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas”.

La reciente entrada en vigor de este artículo diversificó y fragmentó aún más la propiedad en los medios no gubernamentales en Ecuador.

Otro artículo que acelera este cambio es el 408, que declara al espectro radioeléctrico como recurso natural no renovable. “…Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.

Esta disposición en su tiempo fue cuestionado por propietarios de los medios de comunicación, porque –aseguran- el Estado exigirá parte de las ganancias a las radios y canales de televisión. El Gobierno ha reiterado, sin embargo, que ese artículo, cuando se refiere al “espectro radioeléctrico”, no significa compartir las ganancias con los medios de comunicación. Esa interpretación, no obstante, aún deja dudas para los empresarios porque no tiene un sustento legal concreto, ya que la nueva Constitución no permite reformas en el mediano plazo.

Otros artículos hablan de una democratización en la propiedad de los medios, la eliminación de monopolio u oligopolios, la importancia de los medios comunitarios, etc.

La base legal de la Constitución abre la vía para la expedición de una nueva Ley de Comunicación de la que se ha discutido mucho en el país y espera su segundo debate para este año. Esta futura ley cambiará aún más el sector debido a propuestas como:

a) El deber que tienen los medios de diferenciar entre lo que es noticia y opinión.

b) La creación de un Consejo de Comunicación que regulará con amplios poderes el funcionamiento de los medios de comunicación públicos y privados. Este Consejo tendría 7 miembros, dos de los cuales serán postulados por el Presidente de la República.

c) El levantamiento de un Registro Público de Medios de Comunicación, donde deben inscribirse estas organizaciones, poner por escrito su política editorial e informativa, su composición de capital social, propiedad y código de ética.

d) La obligación de los medios de ofrecer gratuitamente una hora diaria de su programación, de lunes a sábado, para programas oficiales educativos y de interés para la ciudadanía, según el criterio del Estado.

e) La inexistencia de límites para la obligación de los medios de transmitir cadenas presidenciales y mensajes oficiales para más de 35 entidades estatales, mencionadas en el proyecto de ley.

f) Sanciones del 1% al 10% de la facturación promedio de los últimos 3 meses para los medios que incurran en infracciones de la ley.

g) Y la obligación de revelar la procedencia de una noticia o comentario cuando esta no sea responsabilidad directa de la estación, a pesar de que al mismo tiempo el proyecto de ley protege la reserva de fuente.

Gasto en publicidad

La actual hegemonía mediática del Estado se complementa con el hecho de que el Gobierno Central desde el 2007 se ha convertido en el mayor anunciante publicitario del país con gastos promedio anuales de USD $ 15 millones, incluido descuentos de tarifa por volumen, según Infomedia. Si no existieran las rebajas, esta cifra llegaría a los USD $ 40 millones.

La Fundación Ethos reveló en un estudio que solo entre la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los Ministerios y Secretarías de Estado se han gastado USD$ 94 millones de dólares en publicidad desde el 2007 hasta agosto del 2010. Mientras que entre 2003 y 2006 se destinó a publicidad oficial solo 1,4 millones de dólares.

Ethos señala que Ecuador es el país que más gasta en publicidad oficial en relación al PIB, incluso le superando a Venezuela y Argentina.

Esta realidad, según el observatorio de libertad de expresión, Fundamedios, hace que el Gobierno tenga un doble control, directo e indirecto, del sector de medios en el país. “Ya que mientras el régimen es el mayor propietario de empresas del sector, simultáneamente, es el mayor anunciante y cliente de los demás medios privados”.

La abundante pauta estatal también aumenta la influencia del Gobierno, especialmente, en los medios de comunicación privados (más en los pequeños).

Auditoría pública a periodistas y medios

Durante los últimos 4 años, desde el Gobierno se ha propiciado una dura auditoria pública, a las prácticas de los medios de comunicación y periodistas, especialmente aquellos no gubernamentales.

Desde lo más alto de la vocería estatal se han señalado los “errores” de la prensa privada y desde ella también se han señalado los “errores” del Gobierno

Esto ha generado un clima de pugna entre los medios no estatales y el Gobierno Central, que ha sido observada desde entidades que velan por los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión como Reporteros sin fronteras, SIP, Fundamedios, etc.

En este sentido, informes de la Fundación Ethos y Fundamedios, señalan que el Gobierno de Rafael Correa ostenta récords en cuanto a la emisión de cadenas nacionales de radio y televisión con un total de 233 en el 2009 y 150 hasta junio del 2010.

“Estas cadenas se han usado, incluso, para cortar lo que comentaristas estaban diciendo ese mismo momento en contra del Gobierno. El 2010 culminaremos con una cifra de cadenas nacionales muy superior al 2009”, dice el Director Ejecutivo de Fundamedios.

En resumen podemos decir que quizá el sector de medios en Ecuador, luego de estos últimos 4 años, nunca será el mismo, ya que –aunque el actual Gobierno salga del poder luego de terminar su período- ya queda toda una infraestructura mediática que podrá ser usada o no por los próximo regímenes.

Hoy, el sector pasó de la realidad únicamente privada, a una realidad compartida con el estado y el Gobierno Central.

FIN

 

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La propiedad de los medios se diversifica y el Gobierno se consolida como la mayor estructura mediática del país


Con la entrada en vigor del artículo 312 de la nueva Constitución del Ecuador, que saca del accionariado de las empresas periodísticas a los propietarios de grupos financieros, la nueva visión del Gobierno sobre la comunicación social se consolida en el país.

La vigencia de esta disposición termina por convertir en realidad los tres principios bajo los cuales Alianza País redactó la Sección Tercera del Título de Derechos en la Carta Política de Montecristi, que habla sobre la Comunicación e Información.

El primer principio era lograr una nueva pluralidad y diversidad en la comunicación. Segundo, desestimular el crecimiento de grupos mediáticos privados con visos de monopolio u oligopolio y, finalmente, excluir del sector al único poder privado que se ha interesado en invertir empresas periodísticas, durante las últimas décadas.

Como resultado de tres años de acciones y reformas legales en este sector, hoy el Gobierno Central es el mayor grupo de comunicación social del Ecuador, controlando un total de 19 medios con alcance nacional e internacional.

El Ejecutivo, en la actualidad, es el protagonista número uno en la difusión por televisión abierta y televisión de pago y es un jugador importante en radio, prensa, revistas e Internet.

A más de los 12 medios incautados al Grupo Isaías, el Gobierno Central dirige Diario El Telégrafo, Radio Casa de la Cultura, Ecuador TV, Radio Pública del Ecuador, el periódico El Ciudadano y los recién creados, diario PP y la agencia internacional de noticias ANDES.

A nivel de televisión abierta (la de mayor consumo en el país), los medios oficiales dominan casi el 40% de la audiencia nacional de noticieros y en televisión de pago son los líderes indiscutibles con TV Cable, cuya propiedad el Gobierno comparte con accionistas privados.

Antes de la llegada de Rafael Correa a Carondelet, en el 2007,  Ecuador era uno de los pocos países de América y Europa, que no tenía una tradición de prensa, radio y televisión pública, siendo la empresa privada la impulsora de este sector.

A pesar del debate que ha generado la reciente venta forzada de medios cómo Teleamazonas (a personas cercanas a Fidel Egas), lo cierto es que la vigencia del artículo 312 de la Constitución diversifica la propiedad en los medios independientes en Ecuador, alejándolos del control de grupos empresariales únicos.

Además, esta medida fortalece la visión del Gobierno en la comunicación social y sigue potenciado una tendencia noticiosa favorable al régimen, que cada día se hace más fuerte.

Esta estrategia ha venido acompañada de dos factores esenciales que están influyendo en el sector de medios ecuatoriano: el posicionamiento del Gobierno como uno de los 5 mayores anunciantes del país y la salida -de sus respectivos medios de comunicación- de los anchors y directivos de contenidos que más oposición le hacían al régimen y que más influencia tenían.

Casualidad o no, de los canales más privados influyentes han salido comunicadores como CarlosVera, Jorge Ortiz y Carlos Jijón.

CUADRO DE MEDIOS DEL GOBIERNO CENTRAL:

  • Diario El Telégrafo
  • Radio Casa de la Cultura
  • Ecuador TV
  • Radio Pública del Ecuador
  • Periódico El Ciudadano
  • Diario PP
  • Agencia internacional de noticias ANDES
  • TC Televisión
  • Gama TV
  • TV Cable*
  • CN Plus*
  • Cable Deportes 7*
  • HTV
  • Radio Carrusel
  • Radio Super K 800
  • Revista Agro
  • Revista Juvenil La Onda
  • Revista Valles
  • Revista Samborondón
* Propiedad compartida con accionistas privados.

Foto: Vía Flickr – PresidenciaEcuador

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La crisis presidencial tuvo dos caras en el manejo de la comunicación

La sublevación policial y militar del pasado 30 de septiembre evidenció un peligroso contraste entre la eficiencia de la difusión externa del Gobierno, versus la calidad de la comunicación interna dentro del mismo Estado.

El último jueves de septiembre, el país fue testigo de cómo la potente estrategia de propaganda del Gobierno tuvo que salir presurosa a solucionar una crisis, que se origina en la ruptura de los lazos internos entre las instituciones públicas.

Es decir, una arrolladora estrategia de comunicación oficial, llevada a su máximo nivel con una cadena nacional de radio y televisión ininterrumpida, resultó la fórmula idea para llenar los vacíos de institucionalidad en un país fraccionado por dentro en lo estatal.

La sublevación parece tener su causa en tres fallas clave dentro del manejo de los canales de comunicación específicos que debían existir entre el Poder Ejecutivo y las cúpulas de la Policía y Fuerzas Armadas hacia las tropas policiales y militares.

La despreocupación de las autoridades por fortalecer los vínculos de información con sus entidades de seguridad, en un escenario de interminables cambios institucionales para policías y militares, quizá es un primer error que hoy pasa factura.

La Revolución Ciudadana, desde su llegada a la Presidencia de la República, ha impulsado tantos cambios simultáneos en las instituciones armadas como ha podido, siempre buscando un equilibrio en dos ejes: una mayor entrega de recursos y una imagen pública fuerte de sujeción del poder militar al civil.

Pero más allá de la transferencia de más dinero y mayores salarios, el Gobierno de Rafael Correa en los últimos 36 meses ha ejecutado un reformismo atropellado en temas sensibles para esas entidades e seguridad.

 Los militares, por ejemplo, han visto en apenas 34 meses depuraciones inusuales en las cúpulas de la marina y ejército, cambios en la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, la eliminación de la Honorable Junta de Defensa Nacional, modificaciones en el sistema de compras de armamento y reforma del Instituto de Altos Estudios Nacionales.

A eso se suma la orden de desprenderse y desinvertir en el holding de empresas militares, propuestas de límites a las jubilaciones, revisión de pensiones para el personal en servicio pasivo y, por último, rumores de un desvió de USD $ 150 millones en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.

En el caso de la Policía están la expedición de 5 Decretos Ejecutivos de Emergencia desde el 2007 y la creación de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, dentro del Ministerio del Interior, que asumió desde el ámbito civil todo el control del millonario presupuesto que asignó el Gobierno a la lucha anti delincuencial y a la que se le encargó modernizar y depurar las filas policiales.

La institución también tuvo que asimilar todo el afán gubernamental de remover viejos “trapos sucios” del accionar policial en el pasado, como la elaboración del Informe de la Verdad y la reapertura de casos polémicos como el llamado Fybeca.

Como si esto fuera poco, vinieron las quejas por la calidad de vida los policías regulares, la expedición de la Ley de Servicio Público y la intención del  Municipio de Quito de asumir la competencia del tránsito en una ciudad de casi 3 millones de habitantes.

Esta combinación de hechos venía fracturando la comunicación interna de las Fuerzas Armadas y de la Policía, situación agudizada por el creciente distanciamiento entre la tropa y los oficiales y el nombramiento de ministros y sub secretarios que históricamente han criticado duramente a las fuerzas de seguridad del Estado.

El segundo error, al parecer, es que los ministros de Estado no lograron transmitir de forma efectiva hacia la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional el sentir de la mayoría de uniformados, justo en un escenario de escasez de información oficial y de inquietud institucional.

Es decir, hubo una doble falla comunicacional; falló el flujo de información desde el Gobierno a las entidades jerarquizadas y la retroalimentación desde ellas hacia el poder democrático y civil.

Todo este reacomodo en las fuerzas de seguridad, ya generó desde finales del 2007, es decir a los pocos meses de la primera posesión de Rafael Correa, varias señales de alerta, especialmente, luego de la entrega de Petroecuador a la marina.

Estas se inician en enero del 2008 cuando en la Base San Eduardo de la Infantería de Marina en Guayaquil ocurre una especie de insubordinación, por la sorpresiva presentación de la disponibilidad de cuatro contralmirantes. El Gobierno, desde esa ocasión, decidió que la mejor táctica de comunicación externa era decir que no pasa nada y así se mantuvo hasta hace pocos días.

Para noviembre y diciembre del 2008, los ex ministros de Gobierno y de Defensa, Fernando Bustamante y Javier Ponce, reconocieron, casi al mismo tiempo, roces entre el poder civil y el armado por el cuestionado trabajo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y las Reformas a la Ley de Personal y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, respectivamente.

En esa ocasión, el mismo Ministro del Interior de esa ápoca, Fernando Bustamante, tuvo que dirimir en persona una disputa insostenible entre el comandante de la Policía de ese entonces y los jóvenes del movimiento Ruptura de los 25, quienes estaban al mando del millonario Plan de Seguridad Ciudadana.

La situación continuó en los siguientes meses con marchas de reclamo de los militares en servicio pasivo, correos electrónicos supuestamente desestabilizadores y rumores de motines en los cuarteles.

No resulta difícil colegir que esos vacíos comunicacionales pueden ser fácilmente el objetivo de grupos de oposición, que busquen aprovechar de la coyuntura para empeorar la situación.

El tercer y final error tiene que ver con la efectividad de la inteligencia policial y militar, que es una pieza esencial de información para prever crisis democráticas.
El pasado 6 de octubre, el Presidente Rafael Correa tuvo que admitir ante la prensa extranjera que los servicios de inteligencia en el país están en “soletas” y que él acudió al Regimiento Quito con información equivocada de lo que su sucedía.

Ante las fallas constantes en la comunicación interna del régimen era evidente que algún momento la situación llegaría a un punto de quiebre, desatado el pasado 30 de septiembre. El Gobierno no tuvo la capacidad de interpretar las alertas que nacieron durante los últimos meses del 2007 e inicios del 2008.

Es por ello, que no hubo más remedio que echar mano de la maquinaria de comunicación externa gubernamental y cerrar todos los canales de difusión independiente con un cuestionado Decreto de Emergencia, a fin de sostener una institucionalidad, que aún parece ser un espejismo.

Es decir, aquel jueves, los mentores de la Revolución Ciudadana revelaron que son fuertes en la imagen externa, pero débiles en la gestión de comunicación interna.

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Situación de los medios de comunicación en Ecuador

Luego de la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, el sector de medios de comunicación cambió. Hoy, existen nuevos grupos mediáticos, nuevos consumidores de medios, nuevas tendencias, nuevos hábitos y nuevos desafíos.

Aquí adjunto un estudio que realizamos para la Editorial Routledge de EEUU y la Universidad del Norte de Texas.

Los MCS en Ecuador: situción, grupos y desafíos

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